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martes, 24 de agosto de 2010

Notificaciones Telemáticas de la Seguridad Social


La recientemente aprobada Ley 32/2010, de 5 de agosto, a más a más de regular todo el sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos,   incorpora  en sus disposiciones finales la obligatoriedad y/o posibilidad de recibir notificaciones de la Seguridad Social por medios telemáticos y/o electrónicos vía sede electrónica de la Seguridad Social en los siguientes supuestos:
  • Para aquellos sujetos que determine el Ministerio de Trabajo e Inmigración (pendiente de desarrollo).

  • Para el autorizado en RED respecto a aquellos actos administrativos que traigan causa en los datos transmitidos en el SISTEMA RED, siendo válidas y vinculantes para aquellas empresas y sujetos que hubieren delegado en el autorizado RED, a excepción de que manifiesten expresamente que la citada notificación electrónica les sea notificado directamente a ellos o a un tercero.

  • Y  finalmente, para todos aquellos sujetos que, no estando obligados por no estar en ninguno de los supuestos anteriores, hubieren manifestado voluntariamente su deseo de ser notificados por estos medios.
Las notificaciones electrónicas emitidas por Seguridad Social, se entenderán rechazadas, cuando existiendo constancia de la puesta a disposición de la notificación, transcurran diez días naturales sin que el sujeto acceda a su contenido.

Todas aquellas notificaciones que no se hubieran podido notificar  satisfactoriamente,  respecto a los citados sujetos o las realizadas en soporte papel para aquellos sujetos no obligados, se practicaran exclusivamente en el tablón  “virtual” de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Transcurridos veinte días naturales, se entenderán notificadas.

Por último y como novedad destacable, la Ley 32/2010 autoriza que las Sociedades de Prevención segregadas de las Mutuas puedan prestar sus servicios a cualquier empresa, con independencia de que se encuentre asociada o no a la Mutua respecto de la cual pertenece el 100% del capital social la citada Sociedad de Prevención.

sábado, 21 de agosto de 2010

Se aprueba una nueva prórroga del "cheque parado" de 426 Euros, pero se acota el número de beneciarios


El Consejo de Ministros aprobó  ayer  una nueva prórroga (y van dos)  por otros seis meses del conocido como "cheque parado" de  426 euros. Esta ayuda económica, conocida como Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi), se creó  hace justo un año y contemplaba, en principio, una cobertura económica extraordinaria por seis meses para todas aquellas personas menores de 65 años, y que entre otros requisitos,  estuviesen inscritos como demandantes de empleo, hubiesen agotado la prestación contributiva o asistencial de desempleo, firmasen el  compromiso de actividad a que se refiere el artículo 231.2 de la Ley General de la Seguridad Social y no tuvieran otras rentas superiores a 475 euros mensuales.

Ahora bien, la gran novedad de esta nueva prórroga del conocido como "cheque parado" es que sorprendentemente de su percepción se excluye a todos aquellos parados con edades comprendidas entre los 30 y 45 años y que no tengan familiares a cargo.

Esta  ayuda de 426 Euros sólo se podrá cobrar durante seis meses como máximo y beneficiará a aquellos desempleados que, reuniendo los requisitos antes mencionados,  agoten la prestación o el subsidio de desempleo  entre el 16 de agosto de este año y el 15 de febrero de 2011, ambas fechas inclusive. Por lo que  todos aquellos parados que venían cobrando esta ayuda no verán prorrogada su prestación por otros seis meses, pues la ampliación del programa sólo afectará a los nuevos desempleados dentro del periodo señalado anteriormente.

miércoles, 11 de agosto de 2010

La protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos


La recientemente aprobada Ley 32/2010, de 5 de agosto, establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, que entrará en vigor dentro de tres meses, es decir, el próximo 6 de noviembre de 2010. Si bien, ya advertimos que hasta pasados 15 meses desde la publicación de esta ley no se causará derecho a la prestación al exigirse para la misma una carencia de 12 meses desde su entrada en vigor.

La cotización tendrá carácter voluntario para aquellos autónomos que actualmente cotizan únicamente por contingencias comunes, si  bien, será obligatoria para  aquellos colectivos que vengan obligados a cotizar por la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En consecuencia, la prestación de cese se relaciona obligatoriamente con la de las contingencias profesionales.

El colectivo de autónomos al que se aplicará serán los siguientes:
- RETA, incluidos los SETA (Sistema Especial de trabajadores Autónomos Agrarios, si bien están pendiente de desarrollo reglamentario).
-TRADE ( Trabajadores Dependientes Económicamente)
- Régimen Especial del Mar por cuenta Propia (REM).
- Socios de cooperativas de trabajo asociado.
- Autónomos que ejercen la actividad profesional conjuntamente.

El sistema de protección por cese de actividad comprenderá las siguientes prestaciones:
-La prestación económica por cese total, temporal o definitivo, de la actividad.
-El abono de la cotización de Seguridad Social por contingencias comunes.
-Medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora

El tipo adicional de cotización para acceder a la prestación por cese de actividad será del 2,2% de la base de cotización, si bien ello supondrá automáticamente una reducción del 0,5% sobre el tipo aplicable sobre incapacidad temporal por contingencias comunes.

Los requisitos para causar derecho a la prestación serán los siguientes:
-Cese total  e involuntario de la actividad del trabajador autónomo.
-Estar afiliado y en situación de alta.
-Tener cubierto el periodo mínimo de cotización por cese de actividad de doce meses initerrumpidos e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese.
-Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso contrario existe un plazo improrrogable de treinta días naturales para efectuar el ingreso las cuotas debidas.
- Encontrarse en situación legal de cese de actividad y acreditar activa disponibilidad para la reincorporación al mercado de trabajo.
-La prestación será  incompatible con  el trabajo por cuenta ajena y  pensiones públicas.

El hecho causante o situación legal de cese de actividad requerirá de la involuntariedad del cese, aplicable tanto al inicio de la situación como durante el percibo de la prestación por cese de la actividad. Ello variará según el tipo de trabajador autónomo que tratemos:

*RETA
- Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional. En caso de existir un establecimiento abierto al público se requiere el cierre del establecimiento mientras se cobra la prestación. Se entenderá que concurren los citados motivos si se producen dan pérdidas tanto de  un 30% en 1 año o del 20% en 2 años consecutivos, o por ejecuciones de deuda por el 40% ingresos, o finalmente por  declaración judicial de concurso.
- Fuerza mayor determinante del cese.
- Pérdida de la licencia administrativa, siempre que sea necesaria para desarrollar la actividad y no sea la pérdida por comisión de infracciones.
- Cese por violencia de género.
- Divorcio o separación matrimonial cuando se ejercieran funciones de ayuda familiar en el negocio y  con motivo de la separación se dejen de prestar servicios.

*TRADE
- Finalización del contrato por alguna de las causas establecidas en el mismo.
- Incumplimiento contractual grave del cliente.
- Rescisión contractual justificada por el cliente conforme al Estatuto del trabajo Autónomo.
- Rescisión contractual injustificada por el cliente conforme al Estatuto del trabajo Autónomo.
- Muerte, incapacidad o jubilación del cliente cuando impida la continuación de la actividad.

*Socios de cooperativas de trabajo asociado
- Expulsión improcedente de la cooperativa.
- Causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o de fuerza mayor.
- Finalización del periodo de vinculación societario.
- Violencia de género.
- Pérdida de la licencia administrativa de la cooperativa.

*Autónomos que ejercen su actividad conjuntamente
Son las mismas que para el autónomo general,si bien no se exige el cierre del establecimiento.

La duración de la prestación económica estará íntimamente relacionada con la cotización efectuada:
-De doce a diecisiete de cotización, dará derecho a  2 meses de prestación.
-De dieciocho a veintitrés equivaldrán a  3 meses.
-De veinticuatro a veintinueve, 4 meses
-De treinta a treinta y cinco, 5 meses
-De treinta y seis a cuarenta y dos, 6 meses
-De cuarenta y tres a cuarenta y siete, 8 meses
-De cuarenta y ocho en adelante, 12 meses

Para los trabajadores mayores de 60 años serán aplicables los siguentes tramos:
-De doce a diecisiete, 3 meses
-De dieciocho a veintitrés, 4 meses
-De veinticuatro a veintinueve, 6 meses
-De treinta a treinta y cinco, 8 meses
-De treinta y seis a cuarenta y dos, 10 meses
-De cuarenta y tres o más, 12 meses

La base reguladora de la prestación económica por cese de actividad será el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese .

La cuantía de la prestación, durante todo su período de disfrute, se determinará aplicando a la base reguladora el 70 %. Para 2010 los límites de prestación (ficticios porque hasta Noviembre de 2011 no se hará efectiva) serían de 589,26 Euros para los que coticen por base mínima y la máxima de  1.397,84 Euros en el caso de tener 2 o más hijos.

Los trabajadores autónomos que cumplan los requisitos establecidos, deberán solicitar a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales el reconocimiento del derecho a la protección por cese de actividad. El reconocimiento de la situación legal de cese de actividad se podrá solicitar hasta el último día del mes siguiente al que se produjo el cese de actividad.

Por último, provisionalmente y pendiente de desarrollo reglamentario, la misma Ley 30/2010   introduce una prestación no contributiva para trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad a partir del 1 de enero de 2009, que no hayan recibido ninguna otra ayuda o prestación pública y que hayan cotizado en el RETA 3 años de los últimos 5. La misma consistirá en una prestación de 425 Euros mensuales durante un tiempo máximo de 6 meses y estará vinculada al compromiso de búsqueda activa de ocupación y a la realización de un mínimo de 180 horas de formación.

domingo, 1 de agosto de 2010

Aprobado el Proyecto de Ley de la Reforma Laboral


La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el pasado jueves el Proyecto de Ley que modifica el Decreto-Ley 10/2010 de reforma del mercado de trabajo de junio pasado. De las enmiendas aportadas al texto, que  en su conjunto son de una trascendencia menor, destacamos las siguientes:
  • Se modifica el  redactado del  artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, en el sentido que la razonabilidad de los despidos objetivos por causas económicas se acreditará con "pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingreso, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo". Asimismo la empresa tendrá la obligación de acreditar los resultados y justificar que de estos se puede deducir la “razonabilidad” de la decisión de extinguir la relación laboral para preservar o favorecer la posición competitiva de la empresa en el mercado.
  • Los inspectores de la Seguridad Social podrán forzar el alta de aquellos trabajadores  a partir del cuarto día de baja,y  no a partir del día 14, como hasta  ahora. Igualmente, serán estos mismos inspectores  los únicos competentes, previo informe del médico de la Sanidad pública, no del de la Mutua, para dar una nueva baja, si esta se produce dentro de los 180 días de una baja anterior, y deriva de la misma o de una patología similar.
  • Se modifican las condiciones que justifican el despido objetivo por motivos de absentismo laboral, manteniéndose los límites del 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos, o el 25% a lo largo de cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año, aunque rebaja el umbral de absentismo con el que se calcula en relación con la media de la plantilla, pasa del 5% vigente actualmente al 2.5%

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