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lunes, 25 de julio de 2011

Se restringe la contratación de ciudadanos rumanos


El BOE publicó el pasado sábado la Orden PRE/2072/2011, de 22 de julio, que contiene el  Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se establece la reactivación del periodo transitorio en relación con la libre circulación de los trabajadores de Rumanía.

Concretamente, la mencionada Orden  recupera el régimen transitorio establecido en 2008 y,  en consecuencia, obliga a los  ciudadanos rumanos que deseen acceder al mercado de trabajo español por cuenta ajena a partir del 22 de julio de 2011  (fecha de entrada en vigor de la Orden) a cumplir con los requisitos previstos en la normativa vigente en materia de extranjería, esto es,  obligándoles  a obtener con anterioridad un contrato de trabajo mediante oferta previa de contratación.

Esta medida únicamente afecta a aquellos ciudadanos rumanos que entren en España a partir del 22 de julio de 2011. En consecuencia la Orden Ministerial no afecta  a aquellos ciudadanos rumanos que con anterioridad a esta fecha ya estuvieran trabajando legalmente en nuestro país o  consten como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo.

La mencionada  restricción tampoco se aplica para aquellos rumanos que quieran establecerse en España como autónomos o para contrataciones relativas a autorizaciones de trabajo para investigación o de profesionales altamente cualificados titulares de una tarjeta azul-UE”. Por lo demás, los ciudadanos rumanos mantendrán el derecho de libre circulación dentro de la UE.

jueves, 14 de julio de 2011

El personal laboral de Alta Dirección en las empresas



Respecto al régimen fiscal de las indemnizaciones la Administración Tributaria considera que:
  • Si la relación se extingue por voluntad del empresario, o por voluntad del alto cargo fundada en justa causa, la indemnización pactada está exenta del IRPF hasta la cuantía de la legal: 7 días de salario por año de servicio, con el máximo de 6 mensualidades.
  • Si existe un despido improcedente del empresario al alto cargo, la indemnización está exenta si no supera la cuantía de 20 días de salario por año de servicio, con el máximo de 12 mensualidades.

4.- RESPONSABILIDAD DE LOS ALTOS CARGOS

4.1.-Responsabilidad Civil

Respecto a terceros el alto directivo no tiene responsabilidad civil por las obligaciones contraídas en su gestión, aunque se extralimite, siempre y cuando actúe evidentemente en actividades propias de la empresa.

4.2.- Responsabilidad penal

Como norma  general todo  aquél que actúe como administrador de una persona jurídica, de hecho o de derecho en nombre, o representación legal o voluntaria de otro  responderá  personalmente si se dan en la entidad o persona en cuya representación actúa las condiciones requeridas para ser sujeto de un delito o falta, o cuando se atribuya a la empresa que representa  la comisión de alguno de los delitos contra los derechos de los trabajadores. También se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que han sido responsables del mismo y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no han adoptado medidas para ello.

El artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores establece un conjunto de relaciones laborales en las que concurren las notas características de un contrato de trabajo pero que cuentan con una normativa especial. Entre los colectivos incluidos en el mismo se menciona al Personal Laboral de Alta Dirección motivado por  la singular posición del directivo en la empresa y la recíproca confianza que debe existir entre las partes, lo que supone la aplicación de este régimen legal específico. Así pues, en el personal directivo de las empresas podemos acabar diferenciando hasta tres tipologías:
  • Directivos de régimen laboral común, son trabajadores altamente cualificados, con facultades de mando y decisorias limitadas a su ámbito de actividad, sin poderes propios de la titularidad empresarial o que afecten a sus objetivos generales. Esta relación es la habitual y la de alto cargo es excepcional.
  • Consejeros o miembros de órganos de administración de sociedades que sólo realizan funciones propias de ese cargo, y
  • El Personal laboral de alta dirección.


1.- DEFINICIÓN DE ALTO DIRECTIVO

La relación laboral especial del personal de alta dirección viene regulada por R.D. 1382/1985, de 1 de agosto. Se considera personal de alta dirección a aquellos que ejercen poderes propios de la titularidad de la empresa y relativos a los objetivos generales de la misma con autonomía y plena responsabilidad limitada sólo por los criterios e instrucciones directas emanadas por la persona o los órganos superiores de gobierno y administración, titulares de la empresa.

La relación entre las partes se basa en una recíproca confianza y ejercerán sus derechos y obligaciones conforme a la buena fe.

Las características fundamentales del alto cargo, son sus poderes y participación en la toma de decisiones, efectivamente ejercidos o admitidos, debiendo ser amplios y referirse a la generalidad de la empresa, o a un sector amplio funcional o territorialmente. Lo relevante es el contenido del contrato, no la denominación que se utilice. La doctrina viene entendiendo que no es relación laboral especial de alta dirección aquella en la que, entre el órgano de administración de la sociedad y el empleado, se interponía otra persona u órgano, al que estaba subordinado. 


2.- CONTRATO DE TRABAJO

Respecto al contrato de trabajo, la libertad de los contratantes es muy amplia, pudiendo pactar los siguientes aspectos del contrato:
  • Período de prueba, que nunca puede ser superior a 9 meses si el contrato es indefinido.
  • Indemnizaciones en caso de extinción del contrato; se pueden pactar las causas, efectos e indemnizaciones derivados de la extinción, mediante cláusulas blindadas, que deben respetar los mínimos establecidos en la norma.
  • Pacto de no concurrencia; mientras está viva la relación, el trabajador no podrá celebrar otros contratos de trabajo con otras empresas. También es válido el pacto de no concurrencia para después de extinguido el contrato, si bien no puede tener una duración superior a 2 años y el empresario debe tener un efectivo interés industrial o comercial en ello y ofrecer una compensación económica adecuada.
  • Pacto de permanencia; las partes pueden pactar que el empresario tenga derecho a una indemnización por daños y perjuicios si el alto cargo abandona el trabajo antes del término fijado y ha recibido especialización profesional con cargo a la empresa durante determinado período.

3.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE ALTA DIRECCIÓN

3.1.- Desistimiento de parte

Ejecutable por cualquiera de las partes, el plazo mínimo de preaviso en caso de desistimiento, tanto para el alto directivo como para la empresa es de 3 meses, que puede llegar hasta 6 meses si se establece por escrito en aquellos contratos indefinidos o de duración superior a 5 años.

En caso de incumplimiento del preaviso (total o parcial), la parte que lo incumpla debe abonar a la otra  una indemnización de  los salarios correspondientes a la duración del período incumplido. No será preciso respetar el preaviso en el supuesto de incumplimiento contractual grave del empresario.

Si el desistimiento lo ejecuta la empresa deberá poner a disposición del alto cargo la indemnización pactada en contrato, o en su defecto, la mínima legal de 7 días de salario en metálico por año de servicio con un máximo de 6 mensualidades.
Si el trabajador que aparentemente es alto cargo interpone un procedimiento por despido y el tribunal resuelve que la relación es laboral común y no especial, el desistimiento constituye un despido improcedente, con los efectos previstos para el mismo en la normativa laboral común.

3.2.- Por voluntad de la Empresa

A más  a más del desistimiento el empresario puede extinguir la relación laboral especial mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del alto directivo. Si el despido finalmente es declarado improcedente las partes deberán acordar si se produce la readmisión del alto cargo o caso contrario la empresa procede al abono de las indemnizaciones pactadas por contrato, o en su defecto, la mínima legal de 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades.

El plazo de prescripción de las faltas cometidas por altos cargos es de 12 meses desde su comisión o desde que el empresario las conoce.

3.3.- Por voluntad del Alto Directivo

El alto directivo también podrá extinguir el contrato especial de trabajo con derecho a las indemnizaciones pactadas y, en su defecto, a las fijadas reglamentariamente para el caso de extinción por desistimiento del empresario, fundándose en las causas siguientes:
  • Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden notoriamente en perjuicio de su formación profesional, en menoscabo de su dignidad, o sean decididas con grave trasgresión de la buena fe, por parte del empresario.
  • La falta de pago o retraso continuado en el abono de salario pactado.
  • Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los presupuestos de fuerza mayor, en las que no procederá el abono de las indemnizaciones a las que se refiere este apartado.
  • La sucesión de empresa o cambio importante en la titularidad de la misma, que tenga por efecto una renovación de sus órganos rectores o en el contenido y planteamiento de su actividad principal, siempre que la extinción se produzca dentro de los tres meses siguientes a la producción de tales cambios

sábado, 2 de julio de 2011

Incremento de las cuantías inembargables en las nóminas en supuestos de ejecuciones inmobiliarias


El Gobierno aprobó ayer en  Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio con medidas de apoyo a las personas con deudas hipotecarias.

Una de las medicas adoptadas  incrementa la cuantía de los ingresos no embargables de los salarios, pensiones u otras rentas del trabajo, cuando una vez ejecutada la hipoteca que se constituye sobre la vivienda habitual (no incluye por tanto el resto de hipotecas) y vendido el bien, queda todavía un saldo vivo de deuda.

Si hasta ahora la cuantía inembargable en estos supuestos se limitaba al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) más un 10% según fijaba el Real Decreto Ley 6/2010, ahora esa cuantía inembargable se eleva hasta el 150% del SMI, pasa de los actuales  705,54 euros (SMI para 2011 a 641,40 €/mes + 10%) hasta 962,10 euros (SMI para 2011 a 641,40 €/mes + 150%).

Además, si el embargado tiene cargas familiares a su cargo sin ingresos, o con ingresos inferiores al SMI, esa cuantía se eleva en un 30% adicional (192,42 euros) por cada uno de esos familiares en lugar del 20% que se venía aplicando.

miércoles, 15 de junio de 2011

Fine plazo para ciertos autónomos para optar a bases máximas de cotización


El próximo 30 de junio finaliza el plazo que tiene determinado colectivo de trabajadores autónomos para acogerse a bases máximas de cotización a la Seguridad Social.

Concretamente,  para aquellos trabajadores autónomos que a fecha de 01 de Enero de 2011 tenían  48 ó 49 años de edad y que su base de cotización del mes de diciembre de 2010 hubiera sido inferior a 1.665,90 euros mensuales, disponen de hasta el próximo 30 de junio para ejercitar su opción de elegir  una base de cotización superior a los 1.682,70 euros, lo que se producirá con efectos del próximo 1 de julio. Si no ejercitan esta opción antes de la mencionada fecha perderán todo derecho de poderla accionar más adelante, y en consecuencia, de poder acceder a bases de cotización superiores a 1.682.70 euros (base máxima para trabajadores mayores de 48 años) para el resto de su vida laboral.

También para todos aquellos trabajadores autónomos que no tengan cubierta la protección por contingencias profesionales y por cese de actividad, disponen de hasta  el próximo 30 de junio de 2011  (que finaliza la ampliación del plazo especial reconocido  en la Orden TIN/490/2011, de 9 de marzo), para acogerse a la cobertura de contingencias profesionales. La cobertura surtirá efectos desde el día primero del mes siguiente al que se ejercite dicha opción.

lunes, 6 de junio de 2011

FOGASA empezará a pagar 8 días por despido objetivo a partir del próximo 18 de junio

El próximo 18 de junio de 2011 se cumplirá un año de la entrada en vigor de la Reforma Laboral. Ello puede suponer que los montantes indemnizatorios a asumir por las empresas en ciertos supuestos de extinción objetiva de contratos de trabajo indefinidos se reduzcan por cuanto se modifica el régimen de reintegro parcial de las mismas por parte del Fondo Garantía Salarial (FOGASA).

Ahora bien, antes de ponernos en materia efectuaremos un breve repaso del escalado indemnizatorio que reconoce nuestra legislación laboral para los diversos supuestos de despido:
  • Para los despidos disciplinarios, con independencia de la fecha en la que se haya celebrado el contrato, siguen teniendo fijada una indemnización de 45 días de salario por año de servicio con un tope de 42 mensualidades, sin que FOGASA abone ningún tipo de indemnización en estos supuestos, salvo en los casos previstos en el apartado segundo del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores (ET).
  • Para los despidos colectivos y objetivos las indemnizaciones tampoco han variado, ya que no se han modificado los artículos 51.8 y 53.1.b) del ET, esto es, siguen con una indemnización de 20 días por año de servicio y con un máximo de 12 mensualidades. Para los despidos colectivos se sigue requiriendo la autorización previa de la Autoridad Laboral competente. Cuando la empresa en cuestión se encuentre en situación concursal todos aquellos expedientes de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales se tramitarán ante el juez del concurso por las reglas establecidas en la Ley Concursal. El auto del Juez concursal en que se acuerde la extinción colectiva de los contratos de trabajo producirá las mismas consecuencias que la resolución administrativa de la Autoridad Laboral recaída en un ERE, a efectos del acceso de los trabajadores a la situación legal de desempleo.
  • Para los contratos de Fomento de la Contratación Indefinida (vigentes desde la Reforma Laboral) cuando se extingan por causas objetivas (requiere preaviso de 15 días de antelación o, en su defecto, su abono en metálico) y la extinción sea declarada judicialmente improcedente o reconocida como tal por el empresario (como viene siendo habitual en los despidos disciplinarios), la cuantía de la indemnización será de 33 días de salario por año con un máximo de 24 mensualidades. He aquí una de las novedades más destacadas que introdujo la pasada Reforma Laboral; ya no se precisa que la improcedencia del despido la declare un juez de lo social para acabar abonando la indemnización de 33 días, ahora tan sÓlo se precisa que el empresario, nada más extinguir la relación laboral por causas objetivas, la considere improcedente y consigne en el juzgado la diferencia entre los 20 días de indemnización puestos a disposición del trabajador y los 33 días pre-pactados en el contrato de trabajo.

Pues bien, volviendo al hilo del asunto central de este post, a partir del próximo 18 de Junio de 2011 en aquellos supuestos de despidos colectivos u objetivos de contratos fijos, sean ordinarios o de fomento de la contratación indefinida, celebrados a partir del 18 de junio de 2010 (fecha de entrada en vigor de la Reforma Laboral), y cuando el contrato haya tenido una duración superior a un año y se extinga por las causas previstas en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores o en el artículo 64 de la Ley Concursal, una parte de la indemnización que corresponda al trabajador será objeto de resarcimiento al empresario por el FOGASA en una cantidad equivalente a 8 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores al año. Y todo ello, independientemente que la empresa acabe reconociendo la improcedencia del despido objetivo. La indemnización se calculará según las cuantías por año de servicio y los límites legalmente establecidos en función de la extinción de que se trate y de su calificación judicial o empresarial. No será de aplicación en este supuesto el límite señalado para la base del cálculo de la indemnización previsto en el artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Es importante reseñar que el abono por parte de FOGASA procederá siempre que el contrato haya tenido una duración superior a un año y cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa. Es importante destacar que el empresario tiene que abonar al trabajador la cantidad total de la indemnización y posteriormente reclamar a FOGASA. Si el contrato tiene una duración inferior al año la indemnización será abonada en su totalidad por la empresa, sin que FOGASA asuma ningún tipo de responsabilidad directa, sin perjuicio de la que legalmente pueda proceder en los supuestos previstos en el artículo 33.2 del E.T.

Seguirá rigiendo el abono del 40% de la indemnización legal en las empresas de menos de 25 trabajadores, para la rescisión de contratos de trabajo celebrados con anterioridad al 18 de junio de 2010 según los dispuesto en el artículo 33.8 del ET.

Esta financiación a cargo de FOSASA será transitoria ya que teóricamente a partir del 01 de enero de 2012 será sustituida por la creación de un fondo de capitalización individual (a imitación del modelo austríaco) que podrá utilizar el trabajador en los casos de despido, para completar su formación o en el momento de su jubilación.

miércoles, 1 de junio de 2011

Publicada la norma de incompatibilidad de percepción de la pensión de jubilación con la actividad profesional por cuenta propia para profesionales colegiados

Actualización a Agosto de 2011: La reciente ley 27/2011 ha dejado sin aplicación la Orden TIN/1362/2011, manteniendo el criterio anterior a la misma que permitía compatibilizar el trabajo con la actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados.


El pasado 26 de Mayo de 2011 se publicó en el BOE la Orden TIN/1362/2011 de 23 de Mayo, en la que se declara  la incompatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación de la Seguridad Social y el ejercicio en activo de los profesionales colegiados que se hallen exonerados de causar alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia con independencia de que queden o no integrados en una de las mutualidades de previsión social indicadas por la Ley 30/1995 de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados en la redacción dada por el Art. 33 de la Ley 50/1998 de 30 de Diciembre, como alternativas a la alta en el RETA .

La citada Orden entrará en vigor el próximo 1 de julio, y afectará a todos aquellos profesionales que tenían pensado jubilarse por cualquiera de los Régimenes de la Seguridad Social, y que a su vez, pensaban continuar ejerciendo su profesión liberal al seguir cotizando a la  Mutualidad de su profesión, tal como ocurre en la actualidad con el colectivo de abogados, arquitectos, ingenieros o  médicos.

En consecuencia,  a partir del próximo  01/07/2011 todo este colectivo de profesionales no podrán seguir ejerciendo su profesión si, a su vez, perciben la pensión de jubilación.  Ello implica, que para seguir ejerciendo la profesión,  forzosamente se deberá optar por  aplazar el cobro de la pensión de la jubilación.

Este régimen de incompatibilidad no será de aplicación con respecto a los supuestos en los que la correspondiente pensión de jubilación viniera compatibilizándose con el ejercicio de la actividad por cuenta propia del profesional colegiado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Orden.

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