La creación del
- Cíclica,
cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción
de instrumentos adicionales de estabilización, con una duración máxima de un
año.
-Sectorial,
cuando en un determinado sector o sectores de actividad se aprecien cambios
permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de
transición profesional de las personas trabajadoras, con una duración máxima
inicial de un año y la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una.
Llamamiento a priorizar la adopción de medidas de reducción
de jornada frente a las de suspensión de contratos.
Posibilidad de desafectar y afectar a las personas
trabajadoras en función de las alteraciones de las circunstancias señaladas
como causa justificativa de las medidas.
No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse
nuevas externalizaciones de actividad ni concertarse nuevas contrataciones
laborales. Esta prohibición no resultará de aplicación en el supuesto
en que las personas en ERTE que presten servicios en el centro de trabajo
afectado por nuevas contrataciones o externalizaciones no puedan, por
formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar
las funciones encomendadas a aquellas.
Se prevén exenciones voluntarias en la cotización a la
Seguridad Social sobre la aportación empresarial por contingencias comunes y
conceptos de recaudación conjunta:
-En la
modalidad cíclica:
▪ 60% desde la fecha en que se produzca la activación, por
acuerdo del Consejo de Ministros, hasta el último día del cuarto mes posterior
a dicha fecha de activación.
▪ 30% durante los cuatro meses siguientes a la finalización
del plazo anterior.
▪ 20% durante los cuatro meses siguientes a la finalización
del plazo anterior.
- En la modalidad sectorial del 40%, vinculadas a la puesta a disposición de las personas
trabajadoras de acciones formativas a través de cualquiera de los tipos de
formación previstos en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional y en la Ley 30/2015, de 9 de
septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional, o a
través de cualquier otro sistema de formación acreditada. En caso de incumplimiento de la puesta a disposición de las
acciones formativas hay que devolver exclusivamente las exoneraciones de la
persona trabajadora afectada por dicho incumplimiento.
La empresa tiene derecho a un incremento de crédito para la
financiación de acciones en el ámbito de la formación programada.
Se habilita al Consejo de Ministros para impulsar las
modificaciones legales necesarias para modificar los porcentajes de estas
exenciones y también para establecer la aplicación de exenciones a la
cotización debida por los trabajadores reactivados, tras los períodos de
suspensión del contrato o de reducción de la jornada, en el caso de los
expedientes de regulación temporal de empleo en la modalidad cíclica.
Las exoneraciones son de acogimiento voluntario por la
empresa y condicionadas al mantenimiento del empleo durante los seis meses
siguientes a la finalización del periodo de vigencia del expediente de
regulación temporal de empleo.
En caso de incumplimiento del compromiso de mantenimiento
del empleo hay que devolver exclusivamente las exoneraciones de la persona
trabajadora despedida.
Se prevé una protección por desempleo del 70% de la base
reguladora durante todo el tiempo de aplicación de la medida, sin periodo de
carencia ni consumo de prestaciones. Entrará en vigor el 31 de marzo de 2022.
Se constituirá un Fondo RED, adscrito al Ministerio de
Trabajo y Economía Social, para financiar las necesidades del Mecanismo RED en
materia de prestaciones y exoneraciones, incluidos los costes asociados a la
formación.
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